El Congreso aprobó por amplia mayoría de 83 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones la modificación de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, para frenar los excesos en los procesos de embargo.

La norma establece reglas claras sobre el levantamiento de medidas cautelares y la liberación inmediata de fondos retenidos a ciudadanos y empresas. Fue exonerada de segunda votación.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani de la bancada Perú Libre, defendió la iniciativa señalando que busca "proteger los derechos fundamentales de los administrados, sin debilitar la potestad coercitiva del Estado, dotando de seguridad jurídica a un procedimiento históricamente cuestionado por excesos, demoras e incoherencias normativas".

La norma incorpora tres nuevos artículos a la Ley 26979. El más relevante es el artículo 33-D, que obliga a las entidades bancarias y financieras a levantar un embargo en la misma fecha en que reciben el oficio de levantamiento, eliminando así la retención prolongada de fondos. 

Cruz Mamani precisó que esta medida evita "la retención prolongada e injustificada de dinero perteneciente a ciudadanos y empresas, lo que afecta la liquidez familiar y empresarial".

El artículo 33-E establece que el incumplimiento de estos plazos constituye falta grave para la entidad financiera que lo cometa.

La modificación se sustenta en el Proyecto de Ley 10674/2024-CR. La Ley 26979 regula los procedimientos mediante los cuales el Estado ejecuta cobros coactivos a ciudadanos y empresas con deudas pendientes ante entidades públicas. Su aplicación ha sido cuestionada históricamente por demoras y excesos en la retención de fondos.