Congresistas de Perú Libre, Bancada Socialista y de Bloque Magisterial buscan derogar la Ley 32242 que destituye automáticamente al director, profesor, auxiliar o personal administrativo de un colegio por tener condena por delitos contra la libertad sexual, de apología del terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas y por tráfico ilícito de drogas.
Esta norma fue oficializada en enero de este año y rechazada por gremios de docentes, pero felicitada por parte de la población que no querían más docentes sentenciados.
A días de la promulgación, los parlamentarios Flavio Cruz, Paul Gutiérrez y Alfredo Pariona presentaron proyectos de ley para derogar esta norma.
En la justificación de sus iniciativas indican que están vulnerando el derecho de presunción del docente, ya que para la destitución basta una sentencia en primera instancia. Indican que los maestros pueden presentar más recursos y demostrar que no son culpables.
Además se amparan en que el Ejecutivo no promulgó la norma y directamente lo hizo el presidente del Congreso. “La garantía de la doble instancia en los procedimientos sancionadores en donde se asegure que toda destitución sea precedida por un debido proceso incluyendo el derecho de defensa. Proteger el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los trabajadores del sector educativo”, se lee en los argumentos de uno de los proyectos.
Es menester precisar que otros legisladores que amparan estas iniciativas son Alex Paredes, María Agüero, Elizabeth Medina, entre otros que firmaron los documentos.
Sobre esta Ley 32242, el Sutep se opuso y asegura que la norma pone en riesgo la estabilidad laboral de los docentes al permitir su destitución en primera instancia sin un debido proceso de investigación del delito que se les acusa.
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