La congresista Ariana Orué, integrante de la bancada Podemos Perú, volvió al centro de la polémica luego de que Cuarto Poder difundiera imágenes donde se observa a su coordinador parlamentario, Álex Paredes, trasladándola en su camioneta al gimnasio. El hecho ocurrió el 6 de noviembre a las 7:55 horas, cuando el trabajador, que percibe un salario de 3100 soles, la llevó desde su domicilio y la esperó mientras culminaba su rutina.
El programa registró cómo Paredes permaneció fuera del centro deportivo, comiendo un snack, hasta que Orué finalizó su entrenamiento y regresó a casa. Minutos después, la comitiva partió rumbo al Congreso, donde la parlamentaria llegó con retraso a la sesión plenaria. “Yo me voy al gimnasio por mis propios medios. Mis asesores siempre están en comisión. No me movilizan para ir al gimnasio”, declaró inicialmente la legisladora ante las cámaras del dominical.
Sin embargo, la congresista reconoció luego que sí había sido trasladada por su trabajador. “Me ha llevado un par de veces fuera del horario laboral. Fuera del horario laboral puede hacer lo que quiere. Si estamos fuera del horario laboral, ¿por qué sería un mal uso de recursos?”, afirmó, intentando justificar la situación.
El mismo reportaje reveló además que Orué contrató como asesor II a Nicolás Bazurco, socio de su hermana Shirley Orué, con un sueldo mensual de 10 000 soles. Según un parte policial de 2019, Bazurco fue intervenido por un incidente con alcohol y se presentó como pareja de la pariente de la legisladora. Consultada por el programa, Shirley Orué respondió: “Lo que puedo decir es que no estoy casada. La única que tiene que brindar información porque es figura pública es la congresista. Yo no puedo ventilar mi vida privada porque no soy figura pública”.
La parlamentaria, que asumió su curul en julio como accesitaria del fallecido Enrique Wong, ya había sido noticia semanas atrás al acudir al Congreso con chaleco antibalas, denunciando amenazas por sus labores de fiscalización en el Callao. El caso de Orué se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre el uso de recursos públicos por parte de congresistas, entre ellos el de Lucinda Vásquez, quien habría utilizado a un trabajador para realizarle una pedicura en horario laboral.
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