La sentencia contra Betssy Chávez transformó por completo el panorama en los exteriores de la residencia de la Embajada de México en San Isidro, donde la excongresista permanece refugiada desde que obtuvo asilo político. La condena de once años, cinco meses y quince días por conspiración para la rebelión —relacionada con el fallido golpe del 7 de diciembre de 2022— motivó que la vigilancia policial pasara de un patrullero discreto a un cerco reforzado con dos vehículos, cuatro motocicletas y más de una docena de agentes.
El incremento del resguardo policial responde también a la orden de captura nacional e internacional dictada contra Chávez. Aunque el mandato no puede ejecutarse mientras continúe bajo protección diplomática mexicana, la nueva disposición judicial elevó el nivel de alerta en la zona, según confirmaron los propios agentes destacados en el lugar.
La condena también alcanzó al expresidente Pedro Castillo y al exministro Willy Huerta, considerados coautores del intento de quiebre del orden constitucional. Sin embargo, es el caso de Chávez —resguardada en una sede diplomática tras la ruptura de relaciones con México— el que ha generado el despliegue más visible y delicado en términos políticos.
La situación se desarrolla en un clima diplomático frágil. Las tensiones con México siguen latentes y se intensificaron tras declaraciones del presidente José Jerí, quien llegó a sugerir la posibilidad de ingresar a la embajada para ejecutar la detención. Horas después, el mandatario tuvo que rectificarse, mientras el Gobierno reafirmó que no se vulnerará la protección diplomática. El refuerzo policial evidencia que, más allá de las aclaraciones oficiales, el caso Chávez continúa siendo uno de los focos de mayor sensibilidad para el Estado peruano.
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