El Colegio de Abogados de Lima expresó su “profunda preocupación” tras la elección de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la nación para el periodo 2026-2029. A través de un pronunciamiento, el gremio rechazó la decisión adoptada por la Junta de Fiscales Supremos y advirtió que el nombramiento se da en un contexto de investigaciones penales en curso. 

“Resulta preocupante que (…) algunos fiscales supremos afronten serios cuestionamientos legales”, señaló la institución.

La designación ocurre en medio de una crisis en el Ministerio Público, marcada por la reciente destitución de Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia. El CAL calificó este proceso como “ilegal, arbitrario e inconstitucional”, cuestionando la forma en que se produjo el relevo en la Fiscalía. “La comunidad jurídica conoce los pormenores de esta destitución”, indicaron, aludiendo a un posible quiebre en la institucionalidad.

En esa línea, el gremio sostuvo que la elección de Gálvez “colisiona con la defensa misma de la legalidad”, al considerar que los fiscales supremos deben ser ejemplo de respeto a las normas. “La concreción de dicho nombramiento constituiría (…) un acto reñido con el ordenamiento jurídico”, afirmaron, alertando sobre un precedente sin parangón en la historia reciente del sistema de justicia peruano.

La votación que definió el nombramiento fue ajustada: Gálvez obtuvo tres votos frente a los dos alcanzados por Juan Carlos Villena. Participaron en la decisión Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y Luis Arce Córdova, en un escenario institucional reconfigurado tras la salida de Pablo Sánchez.

Finalmente, el CAL exhortó a restablecer el Estado de derecho: “Invocamos a que se garantice la independencia y autonomía de las instituciones, sin presiones ni represalias”.