Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la Fiscalía cuenta con chats y registros de llamadas que apuntarían a que la congresista Lucinda Vásquez coordinó y participó en la presunta venta del examen de nombramiento docente del 2021 en San Martín. Según el expediente fiscal, la parlamentaria de Juntos por el Perú–Voces por el Pueblo habría ofrecido pruebas filtradas a docentes a cambio de S/ 3000 por cada una, involucrando a operadores de su entorno cercano.
Los mensajes atribuidos a Luis Sagastegui mencionan como supuestos intermediarios a Luis Zafra y al profesor Jorge Zafrando, quienes —según un testigo protegido— habrían distribuido el material “por orden de la congresista”. La entrega se habría realizado durante la madrugada del 13 de noviembre de 2021, día del examen, acompañada de balotarios y fotografías en tiempo real que la Fiscalía ha cotejado con la evaluación oficial. Pese a ello, Vásquez niega cualquier participación y afirma que se encontraba lejos de Tarapoto e incomunicada ese día.
Sin embargo, los registros de geolocalización y llamadas contradicen su versión. Entre septiembre y noviembre de 2021, Vásquez y Manuel Zafra cruzaron más de 50 comunicaciones, incluida una llamada de siete segundos el día de la prueba. Además, otros implicados —como Jorge Fasanando, Héctor Llamacponcca y Olga Chávez— visitaron hasta veinte veces su despacho semanas antes de la filtración. La congresista reportó luego la sustracción de su celular en Gamarra, pero no denunció el hecho ni bloqueó el aparato, hecho que para penalistas resta credibilidad a su defensa.
La Fiscalía ya presentó una denuncia constitucional contra Vásquez por presunto tráfico de influencias agravado. Según el abogado Julio Rodríguez, no es necesario que el examen se haya entregado efectivamente para configurar el delito: basta con solicitar dinero a cambio de gestionar el acceso. En el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales analiza el caso, mientras que la Comisión de Ética abrió un proceso paralelo que incluye también el denominado caso “Cortaúñas”.
Si el pleno autoriza levantar su inmunidad, la congresista podría enfrentar hasta ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. A nivel político, Juntos por el Perú suspendió temporalmente su afiliación durante la investigación. El secreto de las comunicaciones, cuya apertura ha sido solicitada por la Fiscalía, será clave para determinar si existió coordinación directa o indirecta en la presunta red de venta de exámenes docentes.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
