La presidenta Dina Boluarte anunció que la reapertura del penal de El Frontón se ejecutará como parte de la estrategia para enfrentar el hacinamiento penitenciario. El ministro de Justicia, Juan José Santivañez, aseguró que la infraestructura estaría lista en un plazo de 8 a 10 meses y tendría un costo de 500 millones de soles.
El plan oficial contempla que el nuevo centro penitenciario albergue a unos 2000 internos de alta peligrosidad bajo estrictas condiciones de vigilancia. Esta semana, el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón, lideró un equipo multidisciplinario que viajó a la isla para identificar plataformas aptas para los pabellones, áreas de circulación y servicios complementarios, como una planta desalinizadora y paneles solares.
Sin embargo, las críticas al proyecto no se han hecho esperar. El Colegio de Arquitectos, la Policía Nacional y el propio Ministerio de Economía y Finanzas alertaron que se trata de una obra con serias dificultades técnicas, logísticas y presupuestarias. Además, recordaron que el actual Gobierno no tendría tiempo suficiente para concluirla, pues a Boluarte solo le queda un año de gestión.
Organizaciones ambientales también han advertido que la construcción podría afectar el hábitat de especies marinas y aves guaneras en peligro de extinción que habitan en la isla. Por ello, han solicitado la realización de un estudio de impacto ambiental exhaustivo y un plan de manejo de residuos que garantice la sostenibilidad del proyecto.
El Frontón fue clausurado en 1986 tras un violento operativo militar para sofocar un motín que dejó centenares de internos muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ahora, su reapertura divide al país entre quienes consideran que podría aliviar la crisis carcelaria y quienes lo ven como un proyecto inviable, caro y de alto costo político y ambiental.