La confirmación de pagos ilícitos, realizados por empresas integrantes del denominado club de la construcción, figura en el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la empresa Aenza (antes Graña y Montero). El documento, revelado por PBO, muestra cómo se entregaron licitaciones millonarias a cambio de coimas. Todo ello ocurrió entre los años 2010 y 2013.
El acuerdo fue firmado el 15 de setiembre del 2022 entre el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato y la empresa Aenza S.A.A. Además se contó con una serie de colaboradores eficaces que detallaron, por ejemplo, la entrega de licitaciones de Provías Nacional a cerca de 30 empresas integrantes del club de la construcción con un previo pago de por medio a los encargados.
A cambio de revelar la información, los colaboradores se beneficiaron con la protección del caso a su integridad, su identidad y la de sus familias. En otra parte del acuerdo, que contiene 422 folios (hojas), se indica que “a cambio del direccionamiento de las convocatorias, las empresas (o consorcios) pagaban sobornos equivalentes al 3 % del valor referencial de la obra”.
De acuerdo al mismo documento, en la página 10, se indica que estos pagos ilícitos fueron canalizados por el lobista Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña, conforme al acuerdo adoptado entre José Guillermo Paredes Rodríguez, hermano del entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Eduardo Paredes Rodríguez y la plana mayor del club de la construcción.
GOBIERNO. En el mismo documento (páginas 7 y 8) se detallan hasta 14 obras por las cuales se habrían desembolsado pagos irregulares. A esto se suma que los colaboradores mencionan que todo se hizo bajo “conocimiento y anuencia de Ollanta Humala Tasso (presidente) y Nadine Heredia Alarcón (primera dama)”.
Otro de los casos confirmados por el acuerdo de colaboración eficaz, que recién salió a la luz, fue el pedido de dinero (4 millones de dólares) a las empresas Odebrecht y OAS, en el 2013, para financiar la campaña contra la revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Estos pagos habrían sido encubiertos con aportantes falsos.
JUICIOS. Cabe indicar que los mencionados actualmente son investigados en el Poder Judicial por delitos como tráfico de influencias, lavado de activos, asociación ilícita para delinquier, colusión agravada y cohecho activo genérico.
Lo mostrado en el acuerdo solo confirma las acusaciones sobre quienes, en su momento, gobernaron al país y ahora enfrentan a la justicia.
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