La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó por mayoría el informe que declara procedente la investigación contra la congresista Lucinda Vásquez Vela, acusada de haber ofrecido la prueba del concurso nacional de ascenso docente 2021 a cambio de S/3000 por persona. La denuncia fue presentada por la exfiscal de la nación, Delia Espinoza. La votación fue clara: 10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Según el informe aprobado, el Ministerio Público reunió testimonios de docentes que señalaron haber sido contactados por Vásquez o personas de su entorno para acceder a la prueba antes del examen oficial. Algunos habrían realizado pagos, mientras que otros se negaron y denunciaron el hecho. Los fiscales aseguran que hay evidencias suficientes para investigar el caso.
En su defensa, la parlamentaria reconoció conocer a algunos de los postulantes, pero negó haber recibido dinero. “Nunca he vendido ninguna prueba ni he pedido dinero a nadie”, habría sostenido Vásquez durante su descargo. Sin embargo, el informe concluye que existen indicios de un presunto tráfico de influencias agravado.
Con la aprobación del documento, el caso pasará a la Comisión Permanente, que deberá decidir si lo eleva al Pleno para su debate. De confirmarse la acusación, la legisladora podría ser suspendida o incluso desaforada. Paralelamente, la Comisión de Ética la investiga por el presunto uso de trabajadores de su despacho en labores domésticas.
Hasta el cierre de esta nota, su bancada Juntos por el Perú no se ha pronunciado. En la sesión, el congresista Elías Varas votó a favor de abrir la investigación contra su colega. Este nuevo caso se suma a una serie de escándalos que golpean al Congreso, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia sus representantes.
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