La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), allanó la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades registradas durante las elecciones del 12 de abril.

El operativo, ejecutado desde las 5:40, responde a una orden judicial por los presuntos delitos de colusión y omisión de funciones. Según fuentes del caso, “se busca esclarecer responsabilidades en la cadena de decisiones que derivaron en fallas logísticas a nivel nacional”.

La medida fue autorizada por el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta, quien dispuso el allanamiento e incautación de equipos informáticos tanto de Corvetto como de otros funcionarios de la ONPE y del gerente de la empresa Gálaga.

En paralelo, se intervinieron inmuebles vinculados al suspendido subgerente Juan Phang Sánchez y al exgerente José Samamé Blas. No obstante, el magistrado rechazó el pedido de detención preliminar solicitado por el fiscal provincial Raúl Martínez, decisión que marca un matiz en el avance del proceso.

Durante la diligencia, agentes de la Dirección contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) registraron el momento en que el exjefe de la ONPE entregó su teléfono celular, pieza clave para la investigación. Minutos después, su abogado, Ricardo Ernesto Sánchez, llegó al domicilio sin ofrecer declaraciones a la prensa. De forma simultánea, otro equipo fiscal allanó el local de la empresa Galaga en Lurín, en busca de evidencias relacionadas con la producción y distribución de material electoral cuestionado.

El caso se produce en medio de cuestionamientos por fallas en la organización de los comicios, especialmente por la falta de material electoral en diversos locales de votación. En este contexto, el rol del juez Chuyo cobra relevancia, dado su historial en casos de alto perfil, como las investigaciones del caso Caso Odebrecht en Perú y la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Además, recientemente autorizó allanamientos vinculados a presuntas contrataciones irregulares durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, lo que refuerza su protagonismo en procesos anticorrupción en el país.