El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo de la presidente Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional puesta por la fiscal suspendida Patricia Benavides por las muertes en las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.
La mandataria fue acusada en noviembre del 2023 por la Fiscalía, por no adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos, y eviten el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte del personal policial y militar que estuvo a cargo del control de las manifestaciones.
La denuncia fue por cinco muertes e incluyó a sus exministros y actual premier Alberto Otárola.
