La crisis de inseguridad que vive el Perú, cada día se agrava más. Entre enero y julio de 2025, se registraron más de 20 mil denuncias por extorsión, pero solo 11 sentencias condenatorias, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En paralelo, 284 personas permanecen en prisión preventiva sin condena, y los registros del Sidpol de la PNP elevan la cifra a 23 213 denuncias hasta octubre.
Los datos del INPE revelan la magnitud del problema: apenas 295 internos ingresaron por extorsión, de los cuales el 96 % no tiene sentencia firme. Mientras tanto, el Sinadef reporta 1895 homicidios hasta el 4 de noviembre, con Lima y Huaura entre las provincias más violentas. Ningún día ha cerrado sin víctimas. La situación refleja un colapso institucional que deja al Estado sin capacidad de sancionar el crimen organizado
LUCHA CONTRA EXTORSIONES. El presidente José Jerí reiteró el compromiso del Estado en la lucha contra la delincuencia. Destacó que las nuevas disposiciones aprobadas tras la actualización del estado de emergencia fortalecerán la capacidad operativa del Estado en la capital.
“Más del 50 % de los hechos delictivos se producen en Lima, por ello nuestros principales esfuerzos deben enfatizarse aquí”, sostuvo el mandatario, al recordar que la ciudad cuenta con cerca de 22 mil efectivos policiales.
Jerí explicó que las recientes medidas surgen de un análisis basado en el “principio de realidad”, con el objetivo de otorgar mayores recursos y pautas de acción a las autoridades.
Su discurso fue pronunciado ante el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y otras autoridades del sector Interior. El jefe de Estado aseguró que continuará participando en actos oficiales de la institución policial como muestra de respaldo a su labor en la seguridad ciudadana.
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