El Poder Judicial, a través de, Juzgado Penal Colegiado Permanente de San Román de la Corte Superior de Puno, dictó ocho años y tres meses de prisión para Marisol Gonzales Ordóñez por el delito de minería ilegal agravada.
De acuerdo a la acusación fiscal planteada por Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, desde 2018 Gonzales Ordóñez realizaba actividades mineras ilegales en el cauce y la faja marginal del río Esquilaya, un afluente del río Inambari, en el distrito de San Gabán, región Puno. Estas acciones fueron calificadas como graves debido al daño ambiental ocasionado en la zona.
La tesis fiscal asegura que la sentenciada utilizaba maquinaria pesada como excavadoras, motores y motobombas para ejecutar la minería ilegal. Estas actividades generaron vertimientos de sólidos en suspensión en el río Esquilaya y causaron la destrucción de su cauce, alterando el relieve y afectando el bosque natural adyacente.
El Juzgado Penal Colegiado Permanente de San Román dictó la sentencia contra Gonzales Ordóñez tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Además de la pena privativa de libertad, se le impuso el pago de 30 mil soles como reparación civil por los daños ocasionados al medio ambiente.
De acuerdo a la disposición judicial, la sentencia busca no solo sancionar la actividad ilícita, sino también sentar un precedente en la lucha contra la minería ilegal en la región. Este tipo de prácticas no solo afectan a los ecosistemas locales, sino ponen en riesgo a las comunidades cercanas y su acceso a recursos naturales limpios.
De igual manera, las autoridades advirtieron que seguirán con las intervenciones contra esta actividad ilícita.
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