Más de 92 mil casos de violencia contra la mujer se han registrado ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entre enero y julio de este año. Pese a ello, y a que desde el 2002 se cuenta con políticas públicas para abordar este problema social, las autoridades regionales no están ejecutando el presupuesto que el Gobierno les ha asignado para reducir estas cifras, según pudo conocer RPP Data a través del portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía (MEF).
En Loreto, por ejemplo, región donde ocurrió el Caso Mila, menor de 11 años que fue abusada por su padrastro y resultó embarazada, se han registrado hasta julio 1,752 casos de violencia contra la mujer, de acuerdo a estadísticas del MIMP. El presupuesto que le asignaron a inicios de la gestión para atender y prevenir estos casos fue de 202,768 mil soles; sin embargo, hasta la fecha de publicación de este informe, solo había ejecutado el 23.7% de este monto, lo que equivale a 45 mil soles.
Esto se traduce en menos servicios a disposición de la población y de las víctimas, tal como relató a 'La Rotativa del Aire' de RPP el representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque: "Para las ocho provincias [de Loreto], solo tenemos tres cámaras Gesell y todas están en Iquitos. Las víctimas tienen que viajar desde Putumayo o Requena a la ciudad de Iquitos para que se realice la diligencia de entrevista única en la cámara Gesell".
Las regiones en cuestión
Loreto no es la única región donde no se utilizan todos los recursos. En Lima Provincias se registraron 4,775 denuncias en los Centro Emergencia Mujer (CEM) entre enero y julio de este año. Sin embargo, solo se le ha destinado 7,800 soles en la partida presupuestal de "Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer", de los cuales se ha usado el 29%; es decir, 0.50 céntimos por víctima.
Teresa Santillán, especialista en gestión pública, explica que son los gobiernos regionales y locales quienes definen qué harán para reducir la violencia contra la mujer y, una vez planificado, solicitan el presupuesto para llevarlo a cabo.
“Si [el gobierno] no tiene claro qué es lo que va a hacer sobre este problema [entonces] no tendrá presupuesto. Es una responsabilidad directa de las entidades y de las personas encargadas de efectuar esa proyección”, explica.
Por otro lado, hay que considerar que cuando hablamos de violencia contra la mujer o contra otros integrantes del grupo familiar, se tiende a poner el foco en el Gobierno Central y no sobre los gobiernos regionales, distritales y provinciales, lo que hace que estos adopten una actitud pasiva ante estos temas, señala Marlene Molero, abogada especialista en género y fundadora de GenderLab.
A ello le agrega que tenemos autoridades con deudas por pensión alimenticia o que están involucrados en acusaciones, juicios o casos donde "ellos mismos han ejercido violencia contra sus parejas o exparejas. [Entonces cómo] pedirle a estas personas que tomen postura y reaccionen como se debe respecto a situaciones que claramente no respaldan", refiere la especialista.
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