La tensión volvió a las calles de San Martín de Porres luego de que transportistas salieran a protestar por el asesinato de Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, conductor de la empresa “El Rápido”, acribillado por sicarios el pasado 14 de febrero. En lugar de una mesa de coordinación para reforzar la seguridad frente a la ola de extorsiones y crímenes contra choferes, la jornada terminó con multas, intervención policial y el remolque de al menos una unidad por parte de una grúa.
La Policía Nacional del Perú (PNP) argumentó que los manifestantes estaban bloqueando la vía e impidiendo el libre tránsito. Sin embargo, imágenes difundidas por medios de comunicación mostraron que los buses se encontraban detenidos porque vehículos policiales cerraban el paso. “Estamos en un callejón sin salida provocado por la autoridad (…) nos matan a nuestros conductores y cuando salgo a marchar me paran la salida y encima viene la grúa y me lleva. Es una burla mafiosa”, declaró Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.
Los transportistas denunciaron además la imposición de papeletas y el registro de placas durante la protesta. “A todos nos están poniendo papeletas (…) ¡Tan solo porque vinimos a protestar, es un abuso de autoridad!”, reclamó una manifestante, quien también cuestionó la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado. El asesinato del conductor se suma a otros casos recientes que han generado alarma en el sector transporte por presuntas redes de extorsión y sicariato.
En medio del enfrentamiento verbal, el coronel Juan Carlos Montufar ordenó la detención de un chofer por presunto delito de disturbios. “Esta es una actividad delictiva (…) no tienen derecho a impedir el libre tránsito”, afirmó el oficial. La situación evidenció la creciente tensión entre transportistas y autoridades, en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana y los reclamos por mayor presencia policial frente a la violencia que golpea al gremio.
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