La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, irá a juicio penal por presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas, según la Disposición Fiscal N.º 38-2026 emitida por el fiscal Víctor Arturo Muñoz Leyva.

La investigación también alcanza a su hermana Katherine Gutiérrez, su cuñado Luis Yonathan Sanca Umiyauri, además de otros funcionarios y particulares involucrados en los casos denominados “Corrupción 4×4” y “Los waykis de la colusión”.

De acuerdo con la Fiscalía, los implicados habrían participado en un esquema de direccionamiento de contrataciones desde el Gobierno Regional de Moquegua y la Sub Región Ilo, favoreciendo a empresas arequipeñas vinculadas a Sanca Umiyauri. Estas acciones habrían excluido deliberadamente a proveedores locales, utilizando como principal empresa a AQSA Asesoría y Construcción S.A.C..

Las investigaciones señalan que este presunto mecanismo habría iniciado incluso durante la campaña electoral de 2022, con órdenes de servicio vinculadas al mantenimiento de la institución educativa Mercedes Cabello de Carbonera, en la provincia de Ilo, y se habría extendido durante la gestión de la actual gobernadora.

Uno de los aspectos más cuestionados del caso es el cambio en la tipificación del delito. La acusación inicial por colusión agravada —que implica mayor gravedad y sanciones— fue reducida a colusión simple, pese a que los contratos investigados habrían sido ejecutados y pagados con recursos públicos.

El proceso tiene como origen denuncias periodísticas de la Unidad de Investigación de Prensa Regional, las cuales inicialmente fueron rechazadas por la autoridad regional, pero posteriormente respaldadas por las diligencias fiscales.

Con la culminación de la investigación preparatoria y el vencimiento del plazo legal el 13 de marzo de 2026, el Ministerio Público del Perú deberá presentar la acusación formal ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, dando paso al juicio que definirá la responsabilidad penal de los implicados.