“No es dable que usted entre a tocar con su orquesta sin llegar a un diálogo con mi persona o con mi coordinador”, amenazó hace tres semanas Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, a la orquesta Agua Marina a través de un audio de WhatsApp. Aquella advertencia no fue un hecho aislado, sino parte de un sistema de extorsión y violencia que hoy asfixia a artistas, comerciantes y transportistas en todo el país.
Los hermanos Manuel y Luis Quiroga, fundadores de la reconocida agrupación, permanecen hospitalizados en Lima tras ser atacados a balazos. Aunque cuentan con resguardo policial, viven con el temor constante de que los delincuentes regresen. Su caso simboliza una realidad que se repite: bandas criminales que operan con total impunidad y un Estado que llega tarde.
Las amenazas ya no se limitan a llamadas o mensajes: ahora llegan hasta las puertas de los negocios y las casas de las víctimas. Detrás de cada extorsión hay un sistema criminal que ha perfeccionado sus métodos y expandido su dominio, replicando prácticas que no nacieron en el Perú, sino en el corazón del crimen latinoamericano.
Según Lucía Nuñovero Cisneros, abogada e investigadora del libro El tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, estas prácticas se originaron en la prisión venezolana de Tocorón, cuna del temido Tren de Aragua. “Allí se empezó con cobros de cupos, secuestros extorsivos y cobros llamados ‘vacunas’ a negocios”, explica. Ese modelo fue exportado y adaptado en distintos países, entre ellos el Perú.
El sistema opera bajo lo que los especialistas denominan “gobernanza criminal extendida”, un control social basado en el miedo. “No solo dominan su territorio, sino que logran extender su poder coercitivo a sectores informales o marginados”, detalla Nuñovero. En el Perú, esta estructura se ha infiltrado en rubros como el transporte, la prostitución y el comercio ambulatorio, donde la falta de protección estatal es la norma.
La expansión del Tren de Aragua coincidió con las olas migratorias de 2018 y 2019, cuando grupos delictivos cruzaron fronteras hacia países como Perú, Chile y Colombia, replicando sus esquemas extorsivos en zonas vulnerables. “Usan el terror como medio de control: asesinatos, descuartizamientos o atentados para demostrar su poder y generar temor”, señala la especialista.
Hoy, esa violencia tiene un precio alto. Solo entre enero y agosto de 2025, el Perú registró 18,385 denuncias por extorsión, según la Policía Nacional. Cada cifra representa un negocio amenazado, una familia que vive con miedo y una sociedad atrapada en una cadena de terror que parece no tener fin. “A diferencia de la droga o las armas, la extorsión no tiene demanda natural. Crece tanto como miedo logren infundir”,concluye Nuñovero.
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