Hasta setiembre de 2025, el Perú registra 114 feminicidios, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Lima concentra más del 20 % de los casos, seguida por Cusco y Junín. Tras cada cifra hay historias que evidencian un patrón: denuncias ignoradas, protocolos que no se aplican y autoridades que no reaccionan a tiempo.
El 5 de noviembre, Flor de María Cerna Ramos fue hallada muerta en un hospedaje de Carabayllo junto a su expareja, Walter Manuel Águila Guardamino, en lo que la Policía investiga como feminicidio seguido de suicidio. La madre de la víctima contó que “intentamos denunciar amenazas en septiembre, pero la Policía no nos recibió”.
La directora del Centro de la Mujer Flora Tristán Liz Meléndez, este caso refleja fallos estructurales. “El problema no está en la falta de normas, sino en su implementación. Muchas veces las denuncias no se tratan con la urgencia que requieren y eso deja a las víctimas en mayor vulnerabilidad”, advierte.
La especialista recuerda también el feminicidio en el Callao, donde un suboficial de la Marina asesinó a su expareja pese a las denuncias previas. “Cuando una mujer denuncia amenazas con un arma, el nivel de riesgo debería ser considerado severo y requerir una intervención inmediata”, enfatiza.
En 2023, la Contraloría ya había advertido sobre la ineficiencia de los CEM: 14 de 28 mujeres que denunciaron terminaron asesinadas. Mientras no haya sanciones a los funcionarios que incumplen protocolos y no se refuerce la articulación institucional, los feminicidios seguirán siendo tragedias anunciadas en un Estado que reacciona tarde.
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