El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca ordenó siete meses de prisión preventiva contra el teniente del Ejército Leoncio Alfonso García Paredes, investigado por el presunto delito de abuso sexual en agravio de tres soldados bajo su mando. La resolución fue emitida tras una audiencia en la ciudad de Cajamarca y responde —según el juzgado— a la gravedad de las denuncias y al impacto institucional que el caso genera.
La magistrada sostuvo que el daño reviste especial gravedad no solo por las presuntas afectaciones a las víctimas, sino también por la afectación a la confianza pública en las Fuerzas Armadas del Perú. En esa línea, se consideró que la condición jerárquica del imputado y el contexto militar agravan la situación. “Las víctimas son jóvenes que prestan servicio militar voluntario y formularon la denuncia en horas de la madrugada”, indicó un comisario al detallar el inicio de las diligencias.
El proceso se sustenta en el artículo 176 del Código Penal, en concordancia con el artículo 46-A, que contempla circunstancias agravantes por la posición de autoridad. La jueza advirtió que la pena podría alcanzar hasta 27 años de prisión, dado el peligro de obstaculización de la investigación por la relación de mando del investigado y la posibilidad de influir en testigos.
El Ministerio Público presentó indicios sobre tocamientos y actos de connotación sexual sin consentimiento en agravio de los subalternos E.M.D.Q., E.A.M.P. y H.J.V.V., por lo que se dispuso el internamiento inmediato en el penal de Cajamarca.
En paralelo, la Séptima Brigada de Infantería del Ejército del Perú anunció una investigación administrativa para determinar responsabilidades y garantizar el debido proceso. El comunicado precisó que el martes 3 de febrero se reportó una conducta impropia durante un servicio nocturno en el Batallón de Infantería Motorizado Zepita N° 7, en Los Baños del Inca.
Al día siguiente, la Policía Nacional del Perú intervino tras la denuncia de familiares; durante el traslado, se registraron incidentes en los exteriores por la indignación de allegados a las presuntas víctimas. El caso continuará en vía judicial y administrativa mientras rige la medida coercitiva.
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