La Contraloría detectó que 21 entidades públicas de la región Moquegua incumplieron con publicar la lista de sus exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público. Esta omisión contraviene la normativa vigente y afecta la transparencia, al impedir el seguimiento de posibles conflictos de intereses cuando extrabajadores laboran en el sector privado.
De acuerdo con la revisión realizada por la Secretaría de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros, ninguna de las entidades fiscalizadas en la región publicó la extinción del vínculo laboral o contractual de sus exfuncionarios y exservidores.
La obligación está vigente desde agosto de 2023 y establece que el registro debe realizarse en un plazo máximo de 20 días hábiles después del cese.
La falta de este registro impide que el Estado y la ciudadanía verifiquen si los exfuncionarios cumplen con las restricciones legales posteriores al empleo público. Esta situación incrementa el riesgo de tráfico de influencias y de decisiones que puedan favorecer intereses privados sobre el interés general.
Los informes de acción de oficio posterior que evidencian esta irregularidad fueron comunicados a las 21 entidades públicas involucradas, a fin de que adopten las medidas correctivas correspondientes dentro del ámbito de sus competencias.
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