El Congreso tiene en agenda el análisis del Proyecto de Ley 00193/2021-CR, que propone convertir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en un Organismo Constitucional Autónomo (OCA). La iniciativa apunta a blindar a la entidad frente a eventuales injerencias políticas y fortalecer su independencia técnica en la toma de decisiones regulatorias y de supervisión.
La reforma plantea otorgar a Indecopi autonomía funcional, administrativa y presupuestal, colocándola al mismo nivel que instituciones como la Defensoría del Pueblo o el Banco Central de Reserva (BCR). Según su presidente ejecutivo, Alberto Villanueva Eslava, esta condición permitiría a la entidad operar con mayor independencia y “en igualdad de competencias” frente a otros órganos autónomos, tal como explicó en una entrevista con RPP.
Sin embargo, el debate legislativo no se limita al cambio de estatus constitucional. Uno de los puntos más sensibles es el nuevo mecanismo de designación de los miembros del Consejo Directivo de Indecopi y la posible participación del BCR en este proceso. La inclusión del Banco Central como actor en la elección genera cuestionamientos entre especialistas, dado que su mandato constitucional está centrado exclusivamente en la política monetaria y la estabilidad financiera.
En esa línea, el economista Jorge Guillén, profesor asociado de la Universidad ESAN, advirtió que, si bien es positivo dotar a Indecopi de autonomía similar a la del BCR, este no debería encargarse de seleccionar a los directivos de otra institución. Recordó que el artículo 84 de la Constitución define las atribuciones del Banco Central —regular tasas de interés, tipo de cambio y estabilidad monetaria— y propuso como alternativa que el proceso recaiga en las principales facultades de Derecho del país, públicas y privadas, siguiendo el modelo de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Desde Indecopi, Alberto Villanueva sostuvo que la propuesta no responde a un problema actual de interferencia política. “Hoy debo señalar enfáticamente que la injerencia política no existe”, afirmó. No obstante, defendió la reforma como un mecanismo para reforzar la confianza ciudadana y evitar riesgos futuros sobre decisiones internas, presupuestales o técnicas, en áreas clave como protección al consumidor —que representa el 43 % de sus actividades—, registro de marcas y patentes, lucha contra el dumping y subsidios, y fiscalización de la competencia desleal.
De ser aprobada, la reforma deberá someterse a una segunda votación en la próxima legislatura, como exige el procedimiento para modificar la Constitución, y recién entonces se podría elaborar una ley orgánica que defina la estructura y alcances de Indecopi como organismo autónomo. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, ha respaldado públicamente la propuesta y sostuvo que una mayor autonomía reducirá los riesgos de influencias políticas, al dejar de estar Indecopi adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y depender directamente de las decisiones del Ejecutivo.
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