En el debate nacional por la formalización minera, parece que la defensa de derechos se convierte en una moneda de cambio que solo beneficia a quienes bloquean carreteras. Mientras los mineros informales exigen la ampliación del Reinfo, miles de pequeños ganaderos y transportistas pierden sus ingresos, sus animales y su dignidad. La lucha por un derecho no puede ejercerse atropellando los derechos de los demás.
Los datos son claros: los ganaderos lecheros pierden más de S/4.5 millones por día, siendo obligados a botar leche fresca o rematar su ganado. Las empresas Gloria y Laive ya suspendieron el acopio, afectando a más de 2500 familias en Arequipa. El drama no acaba ahí. Transportistas con productos perecibles —frutas, pescados y mariscos— ven cómo su mercadería se pudre en las pistas mientras el Estado permanece inmóvil. La informalidad, cuando se impone por la fuerza, deja de ser un reclamo legítimo y se convierte en un problema estructural.
No se trata de deslegitimar las demandas mineras, pero sí de visibilizar a quienes no tienen una plataforma de presión: los pequeños productores, agricultores, camioneros y comerciantes, cuya única herramienta de protesta es la pérdida silenciosa. La protesta que no escucha es igual de dañina que el poder que no resuelve.
Es momento de que el Gobierno intervenga con firmeza y equilibrio. Activar cooperativas para los ganaderos, garantizar corredores logísticos para el transporte y establecer líneas de diálogo transparentes y urgentes. La verdadera libertad no solo consiste en exigir, sino en respetar. Y como periodistas, no solo contamos historias: les damos voz a quienes están perdiendo la suya.
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