La propuesta para crear el delito de revelación de información reservada —incluida en el proyecto de ley 13280— ha encendido todas las alarmas en el periodismo peruano. No es casualidad: la Asociación Nacional de Periodistas advirtió que la iniciativa, tal como está redactada, abre la puerta a perseguir reportajes, penalizar filtraciones y castigar el acceso a información de interés público. Y tiene razón en preocuparse. En un país donde los grandes casos de corrupción —Odebrecht, Cuellos blancos, ‘Vladivideos’, Petroaudios— se conocieron gracias a filtraciones e investigaciones basadas en fuentes reservadas, cualquier intento de limitar el flujo de información termina siendo, por definición, un golpe directo al periodismo de investigación.
El Gobierno ha salido rápidamente a defenderse. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, asegura que no se busca crear una “Ley mordaza” y que la futura norma no alcanzará a periodistas, sino a malos policías, funcionarios o infiltrados que alertan a bandas criminales sobre operativos en curso. El argumento suena razonable: proteger investigaciones policiales y evitar fugas es necesario en un país donde la criminalidad organizada crece con ferocidad. Pero también es cierto que la intención no basta; lo que importa es el texto de la ley. Y hoy esa redacción es tan ambigua que deja abierta la puerta para que fiscales o jueces, en manos equivocadas, puedan perseguir reportajes incómodos bajo el pretexto de “información reservada”.
La preocupación periodística no surge del vacío. Proyectos similares fueron impulsados por Pedro Castillo y Dina Boluarte, ambos gobiernos enfrentados a investigaciones periodísticas y tensiones con la prensa. La reincidencia levanta sospechas. Peor aún, esta nueva propuesta aparece justo cuando sectores del Ejecutivo y del Congreso figuran en pesquisas fiscales de alto interés público. El Perú necesita una prensa libre que vigile el abuso de poder y destape corrupción. La solución no puede ser criminalizar filtraciones sin definir límites claros, sin blindar el secreto profesional y sin garantizar que ninguna autoridad use esta herramienta para silenciar.
Álvarez ofreció: debatir la norma públicamente para evitar un nuevo intento de acorralar al periodismo bajo otro nombre.
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