La revelación de un audio de RPP, en el que se escucha la planificación de un atentado contra el exjefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad Nacional y Extranjera en Trujillo, coronel Víctor Revoredo, expone la magnitud con la que el crimen organizado ha infiltrado nuestras estructuras sociales y gubernamentales.
La conversación entre Josué Oliver Blas Lezama, alias “Gato Coté,” y un sicario identificado como “Chimino”, demuestra cómo las mafias tienen la capacidad de movilizar grandes sumas de dinero —más de medio millón de soles— para ejecutar homicidios selectivos.
A esto se suma el involucramiento de Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de “Los Pulpos” y actualmente uno de los delincuentes más buscados del país, quien, según el audio, tenía la logística y los recursos para concretar el asesinato. No es casualidad que la víctima de este atentado frustrado fuera un alto mando policial que, en ese momento, dirigía la lucha contra estas organizaciones en Trujillo.
Más alarmante es que este caso no es una simple amenaza. Según información de inteligencia policial, durante la estadía de Revoredo en Trujillo se identificaron al menos siete advertencias de muerte e, incluso, la planificación del secuestro de su hijo.
Es evidente que, en el Perú, quienes combaten el crimen organizado están en la mira de las mafias, mientras que la institucionalidad parece incapaz de ofrecerles protección efectiva. La impunidad con la que operan estas bandas criminales deja en claro que la seguridad del país no solo está en crisis, sino que el Estado mismo ha sido infiltrado o, al menos, superado por la capacidad de corrupción y violencia de estos grupos.
Si bien el atentado contra el coronel Revoredo no se concretó y hoy es agregado policial en Chile, la pregunta es inevitable: ¿Cuántos otros agentes del orden están en la misma situación sin que lo sepamos? La falta de una respuesta contundente del Gobierno y de las fuerzas de seguridad solo evidencia lo que ya tememos: el crimen organizado no solo controla calles y negocios, sino pone en jaque a las propias instituciones encargadas de combatirlo. Este caso es un llamado urgente a reforzar la lucha contra las mafias, pero también a proteger a quienes, como Revoredo, se atreven a enfrentarlas.
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