En medio de un escenario político y judicial altamente sensible, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, ha anunciado que el fallo sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo se emitirá antes de que finalice agosto. Esta decisión determinará si un presidente de la república puede ser investigado durante su mandato, un asunto que compromete la arquitectura institucional del país y el equilibrio de poderes.
Aunque el caso estaba previsto para resolverse en mayo, su complejidad ha prolongado el debate entre los magistrados. Como bien señala Pacheco, no se trata de un simple expediente: el proyecto en discusión involucra argumentación doctrinal profunda y debe garantizar un resultado que fortalezca la democracia. La seriedad de este proceso merece reconocimiento, pero también exige celeridad responsable frente a la urgencia política.
Este fallo no es uno más. Está en juego el principio de inmunidad presidencial frente al imperativo democrático de la rendición de cuentas. El Tribunal Constitucional debe equilibrar la protección institucional con la necesidad de evitar impunidad. Lo que decida marcará un precedente no solo jurídico, sino ético y político sobre los límites del poder en funciones.
En paralelo, el TC también analiza casos sensibles como la entrega de recursos a Petroperú o el habeas corpus de la expremier Betssy Chávez. Aunque en estos temas evitó pronunciarse por cuestiones de procedimiento, el mensaje es claro: el TC está bajo escrutinio público. En estos momentos, su rol no es solo legal, sino pedagógico y simbólico. La ciudadanía espera respuestas firmes, oportunas y, sobre todo, justas.
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