La inseguridad ciudadana ha llegado a un punto crítico en el sector transporte. Los gremios de transportistas, hartos de extorsiones, asaltos y asesinatos, evalúan convocar un paro nacional en las próximas horas. La reunión clave es convocada para el miércoles 26 de marzo, cuando representantes del sector decidirán si paralizan sus actividades como medida de protesta ante la falta de respuesta efectiva del Gobierno. El descontento crece, y la exigencia es clara: seguridad para empresarios y conductores.
El dirigente Julio Campos denuncia que la violencia ha escalado a niveles inaceptables, afectando no solo a transportistas, sino también a familias y estudiantes, quienes ya no pueden asistir con tranquilidad a colegios privados debido a las constantes amenazas de extorsionadores. La crisis ha tocado a todos los sectores, y el temor se ha convertido en parte del día a día. “No podemos seguir así”, advierte el líder gremial, enfatizando que la situación requiere acciones urgentes.
La reciente destitución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue vista como una medida tardía pero necesaria. Sin embargo, la llegada de Julio Díaz Zulueta no genera expectativas positivas en el sector. Campos expresa su escepticismo ante la posibilidad de un cambio real en la lucha contra la delincuencia, aunque deja abierta la puerta al diálogo con la nueva gestión. Eso sí, exige transparencia y soluciones concretas, no promesas vacías.
La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿tiene el Gobierno una estrategia efectiva para frenar la criminalidad o seguirá improvisando mientras las víctimas aumentan? El sector transporte no descarta medidas más drásticas si la situación no mejora. El paro nacional podría ser solo el inicio de una serie de protestas que revelan el hartazgo de un país que exige vivir sin miedo.
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