Ahora sobran expertos en seguridad ciudadana. Los exministros del Interior tuvieron oportunidad de, por lo menos, prevenir lo que vendría. ¿Qué hicieron para detener lo que hoy experimentamos? Hacen declaraciones como grandes eruditos diciendo el qué hacer que no hicieron.
La victoria contra el terrorismo senderista y emerretista dejó enseñanzas contra el terrorismo urbano, ¿acaso una variante de “la guerra popular del campo a la ciudad” ideada por el comunismo con el fin de arrinconar al Estado y hacer de la desesperación ciudadana una palanca electoral?
Los ataques al Congreso son parte de esa estrategia de destrucción de las instituciones nacionales. Con cinismo y desconocimiento se dice que la norma aprobada en el Congreso sobre allanamiento domiciliario favorece a los criminales. El texto de la norma no detiene el allanamiento, inmoviliza lo hallado.
Está arremetida delincuencial no es espontánea y tampoco ajena al espíritu tan peruano inclinado por la informalidad e ilegalidad. En política nada es coincidencia. La seguridad ciudadana y el orden público son políticas de Estado. Por lo visto, es evidente una abierta intervención extranjera, una mano siniestra actuando contra los intereses nacionales coludidos con ciertas izquierdas locales. La izquierda parlamentaria se opone a las nuevas normas contra la criminalidad.
Es cierto, miles de jóvenes huyeron de la dictadura chavista, pero la oleada migrante no fue un estallido natural sino organizado. Solo un gran poder político y económico puede movilizar a miles desde un punto de origen hacia un destino claramente predeterminado: Colombia, Perú y Chile. Cuba está detrás del vendaval bolivariano anunciado en 2019 por Diosdado Cabello, el número dos de la dictadura venezolana. Ya se apropió del petróleo, oro, minerales raros y otros recursos venezolanos. La exportación socialista es la primera y gran tarea del régimen cubano.
No descartar esta posibilidad si se pretende vencer a extorsionadores y sicarios. No olvidar los incendios provocados en iglesias y estaciones de Metro por un supuesto descontento popular en Chile, en 2019, saludado públicamente por Cabello. Tampoco olvidar un intento similar en Perú. Los ataques a aeropuertos y muertos provocados después del frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo no fueron actos vandálicos protagonizados por personas enojadas sino una escalada insurreccional que no prosperó, rechazada ampliamente por la población.
La ola criminal tendrá que ser tratada, entonces, como terrorismo urbano sin precedentes. Para vencer este inusual fenómeno se requieren inusuales recetas experimentadas con éxito en los noventa por intermedio de comités de autodefensa organizados por las fuerzas del orden en los poblados alejados, vulnerables a los ataques senderistas. Las personas se defendieron con sus herramientas de trabajo, piedras y palos, y con armas de fuego entregadas por el Gobierno de entonces.
Pero esta estrategia contra extorsionadores y sicarios no le agrada a la progresía; dice, desde bares barranquinos, que eleva los niveles de violencia. Desde Valentín Paniagua desmontó todo lo avanzado contra el terrorismo y la delincuencia. Las ONG de derechos humanos de la mano de la fiscalía acusaron, procesaron y sentenciaron a militares y policías que actuaron valientemente contra toda desestabilización social.
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