El proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026 está siendo ensombrecido por un episodio inquietante: el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, fue amenazado. El ciudadano Percy Moreano no solo ha presentado casi la mitad de las tachas contra partidos políticos, sino que lo ha hecho aplicando una metodología irregular que bordea el sabotaje electoral.
La mecánica descrita por Burneo es clara: una vez que un partido publicaba su síntesis de inscripción, Moreano acudía a Sunat o Indecopi para registrar nombres de personas jurídicas similares a los de las agrupaciones. Con ese simple trámite, sustentaba sus tachas alegando confusión de denominaciones. Aunque jurídicamente estas impugnaciones caían con el tiempo, el efecto inmediato era otro: entorpecer la inscripción de partidos por plazos reducidos, ralentizar trámites y debilitar la confianza en el sistema electoral.
El riesgo, como explicó Burneo, es doble. Primero, se genera un clima de desconfianza que erosiona la legitimidad de los organismos electorales, pues los ciudadanos perciben un proceso plagado de obstáculos artificiales. Segundo, la tramitología se convierte en un arma política: un instrumento malicioso que aprovecha vacíos legales para desgastar a los partidos y desgastar al propio JNE. Este tipo de prácticas, de no ser frenadas, podrían condicionar quiénes llegan o no a competir en la contienda del 2026.
Frente a ello, Burneo anunció acciones legales y defendió la jurisprudencia que invalida estas tachas desde un inicio. El mensaje es contundente: la crítica y la fiscalización son válidas, pero no el chantaje ni la amenaza. Si se permite que la democracia sea rehén de intereses personales y malas artes legales, las Elecciones Generales 2026 no serán recordadas por la participación ciudadana, sino por la manipulación y el miedo.
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