La presidenta Dina Boluarte rompió el silencio mediático tras 257 días sin responder preguntas de la prensa. En una conferencia realizada en Palacio de Gobierno, abordó brevemente temas sensibles como el aumento de su remuneración y las intervenciones estéticas por las que es investigada. Sin embargo, su justificación dejó más dudas que certezas, y abrió un debate necesario sobre el deber de rendición de cuentas en democracia.
Que la mandataria afirme que solo “por esta única vez” abordará temas de interés público considerados por ella como personales, revela una visión distorsionada del rol presidencial. En un Estado democrático, la rendición de cuentas no puede estar sujeta a criterios personales ni limitarse a lo que la autoridad decida responder. La ciudadanía tiene derecho a ser informada con claridad, especialmente cuando los temas involucran recursos públicos y posibles faltas éticas o legales.
El caso del incremento salarial presidencial, aprobado por decreto y con cuestionada base legal, es de interés nacional, no privado. Lo mismo ocurre con las investigaciones por presunto abandono del cargo. Ambos asuntos comprometen la transparencia del Gobierno y el respeto por las normas vigentes. Eludirlos bajo el argumento de que no son “temas de Estado” minimiza su relevancia y erosiona la credibilidad de la institución presidencial.
Además, Boluarte insistió en que sí se comunica con la población mediante inauguraciones y visitas al interior del país. No obstante, los actos protocolares no sustituyen el escrutinio público ni el deber de responder preguntas incómodas. La comunicación no debe limitarse al discurso oficial; requiere apertura, escucha y diálogo directo con una prensa libre y crítica.
El país necesita liderazgos que asuman la exposición pública con responsabilidad, no con evasivas. En tiempos de desconfianza institucional, la transparencia no es una opción: es un deber irrenunciable. Callar o restringir el acceso a la información debilita la democracia. Hablar no debe ser una concesión: debe ser parte esencial del ejercicio del poder.
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