El asesinato del abogado y candidato Percy Ipanaqué revela, una vez más, que Piura vive bajo el dominio de un sicariato que opera con total precisión y sin temor a la autoridad. La violencia dejó de ser episodios aislados.
La ejecución ocurrió a plena luz del día, en una carretera rural y mediante dos motocicletas que interceptaron su vehículo. La modalidad evidencia planificación, seguimiento y un mensaje directo contra quienes incomodan estructuras criminales.
La hipótesis de un crimen vinculado a denuncias contra presuntos actos de corrupción policial no puede ser tomada a la ligera. Un abogado que expone irregularidades jamás debería convertirse en blanco de los mismos a quienes fiscaliza.
Resulta preocupante que, antes del ataque, Ipanaqué recibiera advertencias indirectas tras demostrar un “sembrado” policial ante el sistema judicial. Cuando denunciar genera riesgo de muerte, el Estado pierde no solo autoridad, sino legitimidad.
El contexto agravó la alarma: en menos de 24 horas, Piura registró tres ataques armados, entre ellos el asesinato de un expolicía y el baleo de un universitario. La región enfrenta un patrón violento sostenido y no simples coincidencias.
Mientras la Policía revisa cámaras y recolecta casquillos, la ciudadanía exige algo más que operativos reactivos. Espera resultados, capturas y certezas. La sensación de impunidad crece con cada crimen que queda sin esclarecer.
Si el Estado no garantiza que un abogado pueda denunciar corrupción sin terminar acribillado, entonces la justicia se vuelve un acto de valentía individual. Piura necesita protección real, investigación seria y un mensaje firme: la ley aún tiene autoridad.
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