El Perú es un país de trámites interminables, de largas colas, de burocracia asfixiante y un Estado monstruoso, que vive alejado del ciudadano y lo aleja a su vez de la formalización.
No es atractivo ser formal en el país, para qué vamos a engañarnos. El Estado no ha sabido generar incentivos reales para que los emprendedores del Perú quieran ser formales, pagar impuestos y acceder, por ejemplo, a créditos bancarios, como uno de los beneficios más tangibles de la formalidad.
Para pedir una cita en el Minsa o Essalud pueden pasar meses hasta obtener la atención que se requiere. A veces, es literal, cuestión de vida o muerte. Otro ejemplo es que, al recibir las recetas en esa cita que demoró meses en lograrse, vamos a la farmacia del hospital y no encontramos los medicamentos recetados.
Es como una gran burla: el Estado te dice “necesitas estos medicamentos para curarte”, pero cuando vas a pedirlos, no hay stock.
También están los casi dos mil municipios que tenemos, más de veinte gobiernos regionales y un número similar de ministerios. ¿Han resuelto algo desde que se crearon? Muy poco. ¿Han mejorado nuestra calidad de vida? Casi nada. ¿Ha incrementado la pobreza y la corrupción? Mucho.
Hace unos días, el ministro de Economía, José Salardi, dio a conocer el “shock regulatorio”, una lista de medidas que el país necesita para ser más competitivo, agilizar procesos, acercarnos a la formalidad, generar mayor inversión privada y un Perú más atractivo para crecer y desarrollarse.
Es una medida sin duda positiva, pero insuficiente. Varios temas se han quedado fuera de esta lista de iniciativas desregulatorias, y son precisamente los que podrían tener un impacto inmediato en la economía cotidiana de miles de peruanos.
El MEF ha prometido un nuevo paquete para el 28 de julio. Ojalá esta vez se incluyan medidas que resuelvan trabas concretas que afectan el día a día: que los comercios puedan abrir sin restricciones absurdas de horario, que las obras públicas se puedan hacer de noche y fines de semana si hace falta, y que se considere ilegal una norma que no pase por el debido análisis.
También urge acabar con absurdos como que las entidades que cobran derechos de autor no estén obligadas a transparentar cuánto cobran ni qué canciones representan, o que se siga generando duplicidad entre instituciones del Estado en temas tan específicos como los suplementos alimenticios. ¿Qué estamos esperando?
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