Periodistas y algunos opinólogos creen que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspende la reincorporación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es arbitrario; pero omiten decir que el presidente de la sala del Poder Judicial, juez Oswaldo Ordóñez Alcántara, que otorgó la cautelar para que Tello y Vásquez regresen a la JNJ, fue el ponente y votó por la medida. Y lo peor, dicho Juez está en proceso de ratificación, Tello y Vásquez debían decidir sobre su ratificación.
Lo ocurrido con la medida cautelar otorgada por la Sala Suprema del Poder Judicial es muy grave, pero felizmente ha sido corregido por el Tribunal Constitucional. No puede un juez cuya permanencia en el cargo que está en manos de los demandantes, otorgar una medida cautelar a favor de estos. El citado juez debió inhibirse ante este caso de existencia de un conflicto de intereses, pero no lo hizo. Por el contrario, redactó la medida cautelar y votó por la misma, dando lugar a que los demandantes decidan luego sobre su ratificación.
Este caso es un claro ejemplo que la administración de justicia se está politizando; es decir que los casos se resuelven a medida de los intereses de grupos políticos, grupos de poder o individuales, porque Inés Tello y Aldo Vásquez son partidarios para sancionar a la fiscal suspendida Dra. Patricia Benavides y sacarla de la Fiscalía de la Nación para evitar que siga investigando y denuncie a corruptos que manejan los medios de comunicación incursos en carpetas fiscales con casos muy graves de corrupción.
La administración de justicia se ha politizado, con el ejemplo mencionado y como los que indico: la alcaldesa de Lima Susana Villarán confesó haber recibido de sobornos por 10 millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para extender los contratos de peajes en Lima, por 40 años más. Fue liberada de su prisión preventiva y su caso duerme en la fiscalía.
La fiscalía le dio 5 días de plazo para que Gustavo Gorriti, fundador de la ONG ILD-Reporteros, entregue su celular, en la investigación que está comprendido, pero hasta hoy no lo entrega. No hay allanamiento de su oficina ni domicilio ni prisión preventiva. Se especula que controlaría el Ministerio Público.
Otro caso: la cuestionada fiscal Marita Barreto pidió 10 años de prisión para los periodistas José Briceño y Rafael Romero por lavado de activos. Ellos realizaron investigaciones de acciones que vinculan a la citada fiscal. La semana pasada allanaron la casa del periodista Juan Carlos Tafur, por sólo haberse reunido con la fiscal Patricia Benavides.
Aún no se investiga a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes incrementaron su patrimonio, el primero de 256 mil a 2 millones y medio de soles. El segundo por la compra de un lujoso carro valorizado en 70 mil dólares.
Hay muchos casos más.
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