El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, defendió la cuestionada Ley de Amnistía ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Alegó que la norma respondió a los atentados terroristas, pero omitió la verdadera motivación congresal.
En el Parlamento, la ley fue aprobada con otro argumento: que los procesos judiciales permanecían estancados.
La versión del ministro no coincide con los fundamentos oficiales, lo que evidencia una narrativa política distinta ante la ONU.
Un día antes, el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, advirtió que la amnistía representaba un retroceso para la justicia y la verdad, debilitando el derecho de las víctimas a obtener reparación efectiva.
Distorsionar los motivos de una ley frente a la comunidad internacional no fortalece la soberanía ni la democracia. La credibilidad de un país depende de la transparencia de sus argumentos, no de justificar lo injustificable.
La estrategia de Santiváñez parece orientada a blindar políticamente la norma en foros internacionales, aun cuando en el Perú persiste la crítica sobre su alcance. Esa incoherencia erosiona la confianza interna y externa en las instituciones.
No se trata solo de un debate jurídico, sino de un mensaje político: si un Estado manipula las razones de una ley, transmite que la verdad es negociable según el escenario y la audiencia.
Al final, el costo no lo asume únicamente el Gobierno. Lo cargan también las víctimas, que ven cómo su derecho a justicia se diluye en discursos oficiales que maquillan la realidad. Eso sí es un retroceso democrático.
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