En política, la memoria es indispensable para comprender los actos presentes. Hoy, Fernando Rospigliosi exige la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, acusándolo de aplicar ilegalmente control difuso, como si la historia no pesara sobre él.
Su nombre está asociado al “Arequipazo”, aquel levantamiento popular de 2002 en Arequipa contra la privatización de Egasa y Egesur.
Rospigliosi, entonces ministro del Interior, impulsó decisiones que desembocaron en represión, muertos y decenas de heridos.
El mismo patrón se repite: descalificar voces contrarias, criminalizar acciones legítimas y negar el derecho de protesta o defensa. Hoy, acusa a un juez por un acto discutible, pero enmarcado dentro de competencias jurisdiccionales.
El mensaje es claro: quienes ayer minimizaron y reprimieron demandas sociales, hoy buscan limitar la independencia judicial. La historia muestra que Rospigliosi no aprendió de sus yerros.
Exigir mesura y respeto institucional es tarea ciudadana impostergable.
Las declaraciones del exministro, además, reflejan un intento por debilitar la figura de un magistrado reconocido por enfrentar casos de corrupción de alto impacto.
Atacar a Carhuancho significa, en la práctica, cuestionar la independencia del sistema judicial.
La ciudadanía debe recordar que la democracia se sustenta en pesos y contrapesos.
Cuando un político pretende definir qué juez puede aplicar la ley y cuál no, la separación de poderes se pone en riesgo.
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