Para variar, el 2024 ha sido un período de diversos eventos políticos en nuestro país. No debe extrañarnos, ya que esta situación viene siendo una regla desde el 2016, cuando empezó toda esta crisis social, económica y política.
En marzo, el primer ministro Alberto Otárola renunció tras la filtración de grabaciones que lo implicaban en la concesión de contratos gubernamentales a una expareja. Este escándalo sacudió al gobierno y llevó a una reestructuración del gabinete ministerial, buscando recuperar la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, el reemplazo de Otárola terminó siendo peor que él.
Con una actitud abiertamente confrontacional, Gustavo Adrianzén se posiciona como una pieza clave del régimen de Boluarte. Otro acontecimiento importante fue la aprobación del retorno a la bicameralidad, lo que significa que a partir de 2026 el Parlamento contará con 130 diputados y 60 senadores. Esta reforma busca mejorar la representación y el funcionamiento del desprestigiado Congreso; permitiendo, supuestamente, una mayor diversidad de opiniones y un mejor control de las leyes.
El 11 de septiembre, el exdictador Alberto Fujimori falleció a causa de un cáncer de lengua. Su muerte marcó el fin de la clásica disputa partidaria con su propia hija, dejándola como única lideresa del fujimorismo y virtual candidata para las elecciones del 2026, lastre que espero los votantes sabrán desechar como en las 3 elecciones anteriores. En noviembre, se aprobó una importante reforma del sistema de justicia que busca mejorar la eficiencia y transparencia en los procesos judiciales.
Esta reforma es vista como un paso crucial para combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho en Perú. Lamentablemente, como todo lo que sale del actual Parlamento, hay que estar atentos a las leyes y reglamentos que promulguen. Perú también fue sede del APEC 2024, con la presencia de varios líderes económicos de Asia-Pacífico. Este evento permitió al país fortalecer sus relaciones internacionales y promover el comercio y la inversión en la región.
Finalmente, la señora Dina Boluarte estuvo involucrada en el “Caso Rolex” y, más recientemente, en el “Caso Cofre” que resultó en investigaciones y el allanamiento de su vivienda por presunto “enriquecimiento ilícito”. Estos casos han generado un gran debate sobre la transparencia y la ética en Boluarte y todo su equipo ministerial. Estos y más acontecimientos han marcado a nuestro país, evidenciando la necesidad de reformas profundas y un compromiso renovado con la transparencia y la justicia. Lamentablemente, esperar eso de nuestra clase política es una pérdida de tiempo; al final todo queda en nuestras manos: los ciudadanos.
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