El último mensaje de la presidenta Dina Boluarte al Congreso generó un incidente diplomático con Bolivia. La mención directa a países vecinos no figuraba en el texto aprobado por el Consejo de Ministros.
Este desliz no solo representa un exceso personal, también implica una falta constitucional. El Poder Ejecutivo debe actuar colegiadamente en materia de política exterior. Salirse del texto consensuado debilita la institucionalidad y mina la confianza.
El Gobierno boliviano reaccionó de inmediato. Calificó las declaraciones como “inadmisibles” y convocó a su encargada de negocios en Lima. Un gesto firme que evidencia el impacto de las palabras presidenciales.
El canciller Elmer Schialer intentó contener la crisis, atribuyéndola a una “mala interpretación”. Sin embargo, la respuesta de Bolivia fue clara y directa: hubo una falta grave que merece explicación, no justificación.
El Perú no puede improvisar en política exterior. Las declaraciones internacionales deben ser rigurosamente evaluadas, estratégicamente comunicadas y siempre coordinadas. No se trata de opinar, sino de representar a un Estado.
Más aún en escenarios de tensión continental, la prudencia diplomática es clave. Las relaciones bilaterales no se sostienen con etiquetas ideológicas ni juicios de valor. Se construyen con respeto y consistencia.
Boluarte no solo quebró una línea diplomática tradicional del Perú, también puso en entredicho su rol como jefa de Estado. El daño no es solo internacional; también afecta nuestra legitimidad interna.
La política exterior no es territorio para protagonismos. Es un ejercicio de Estado que demanda mesura, técnica y constitucionalidad. La palabra presidencial no es libre: es responsable.
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