La reciente aprobación de la Ley 32272 plantea un desafío crucial para la educación privada en el Perú. Con un plazo de siete años para que los docentes sin título pedagógico se regularicen, surge la pregunta: ¿se trata de una medida de mejora o de una formalización de la precariedad laboral en el sector educativo? La supervisión del Ministerio de Educación será orientativa, lo que deja dudas sobre la efectividad real de la norma.
Si bien la ley busca garantizar la titulación docente y reducir la informalidad, su implementación dependerá de la voluntad y recursos de cada institución privada. La exigencia de presentar un plan de adecuación docente ante las UGEL en 90 días es un avance, pero sin incentivos claros ni sanciones firmes, muchas escuelas podrían simplemente postergar el problema. Además, la creación del Registro Nacional de Docentes en Proceso de Titulación es un paso positivo, pero no asegura por sí solo la mejora de la calidad educativa.
El punto más crítico es la posible consolidación de la informalidad laboral en el sector. Especialistas advierten que la experiencia en universidades demuestra que las regulaciones no siempre se cumplen. Docentes con estudios afines, pero sin formación pedagógica, seguirán siendo contratados con salarios bajos, lo que afecta la estabilidad de los profesionales y, en última instancia, la educación de más de un millón de estudiantes en colegios privados.
En un país donde la educación debe ser la base del desarrollo, esta ley genera más incertidumbre que soluciones. Sin un mecanismo de fiscalización riguroso y políticas de incentivo reales para la titulación docente, el riesgo es que, en 2032, nos encontremos con el mismo problema, pero legalizado. La pregunta sigue en el aire: ¿se está regulando para mejorar o simplemente para encubrir la precariedad del sistema?
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