El plan del fujimorismo sigue en marcha y al parecer no tiene ningún tipo de oposición, ni los otros partidos políticos dicen nada, ni mucho menos la sociedad civil hace algo al respecto. La pseudo clase política que nos dirige parece encantada con la idea de la reconcentración del poder que promueve Alberto Fujimori y sus aliados en el Congreso; por otro lado, la población está tan ocupada en sus quehaceres cotidianos que no tiene tiempo ni ganas para reclamar, aun cuando se levantan en peso al país.
Recordemos que la estrategia fujimorista para reconcentrar el poder en el partido y el ejecutivo nacional empezó precisamente en los años noventa. Los partidos políticos vieron acelerada su crisis, pérdida de institucionalidad y de representatividad, en gran parte gracias a varias medidas implementadas por el dictador indultado, a saber: el autogolpe de 1992, el control de los medios de comunicación, prácticas clientelistas y populistas, reformas legislativas acorde a sus intereses políticos, persecución y represión a la poca oposición y la ya conocida corrupción y compra de voluntades políticas. A lo anterior le sumamos algo que en esos años pasó casi desapercibido, pero que ahora cobra cierto sentido: Fujimori eliminó los gobiernos regionales. Digo que ahora cobra sentido, dado que el congreso, manejado por ellos, ha eliminado la los movimientos regionales y locales, pretendiendo que solo puedan competir en las elecciones subnacionales los grandes partidos políticos; es decir, ellos y sus aliados. En ese contexto la oferta electoral terminará siendo la misma o hasta peor, ya que muchos líderes regionales buscarán partidos “vientres de alquiler” solo para poder postular. Entonces estamos ante el colofón político del plan orquestado en los años noventa por Fujimori: una democracia de baja intensidad y una ciudadanía de segunda clase: los partidos inexistentes y la gente no puede hacer nada, ya que incluso las normas se han modificada para reprimir la protesta y el derecho a reclamo. Los más de 50 asesinados por el régimen de Boluarte y la coalición de la DBA en el Congreso sin ningún tipo de castigo ni sanción son la mejor muestra de que el Estado puede matar de manera criminal, sin ningún tipo de remordimiento ni cargo de conciencia.
¿Qué nos depara el 2026? Pues ya tenemos un “nuevo” candidato, el indultado y milagrosamente recuperado Alberto Fujimori ha manifestado su intención de “trabajar por el Perú”. La fórmula electoral parece lista: el padre, presidente, la hija primera vicepresidenta y algún incauto o incauta para la segunda vicepresidencia. Llegado el momento, el monarca dejará la corona en manos de su sucesora, y la dinastía se mantendrá, por lo menos 10 años más. Bienvenidos, de nuevo, a los años noventa.