El Perú vivió un 2024 cargado de acontecimientos clave que marcaron su rumbo político, social y ambiental, mes a mes. En marzo, la renuncia del primer ministro Alberto Otárola sacudió al país tras la revelación de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos gubernamentales. Ese mismo mes, la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el caso “Rolex” dejó en evidencia que la corrupción sigue siendo un flagelo que mina la confianza en las instituciones.
Este panorama se complejizó aún más en mayo con la decisión del Ministerio de Salud de reclasificar la transexualidad como un trastorno mental, desatando indignación en colectivos que abogan por los derechos humanos.
El contexto ambiental tuvo un punto crítico en abril con la histórica muerte legal por eutanasia de Ana Estrada, quien abrió un precedente en derechos fundamentales.
Sin embargo, la crisis ambiental estalló en septiembre, con devastadores incendios forestales que afectaron la Amazonía y pusieron en riesgo la biodiversidad del país.
En ese mismo mes, el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori a causa de un cáncer trajo consigo un debate sobre su legado, dividiendo nuevamente a la sociedad peruana.
Octubre no trajo tregua: Alejandro Toledo fue condenado a más de 20 años de prisión por su implicación en el caso Lava Jato, reforzando la lucha contra la impunidad, pero también recordando las heridas de la corrupción que arrastran los exmandatarios peruanos.
El panorama comenzó a virar con algunos hitos positivos hacia finales del año. En noviembre, la inauguración del Mega-Puerto de Chancay, el primero financiado por China, marcó un paso significativo en la modernización de la infraestructura nacional. También, la cumbre de APEC en Lima demostró que el país puede ocupar un lugar destacado en la agenda internacional si sus líderes apuestan por una gestión estratégica. Sin embargo, diciembre cerró con una nota sombría: un derrame de petróleo en la costa norte y fuertes oleajes que obligaron al cierre de más de 80 puertos, afectando a comunidades pesqueras y al ecosistema marino. El balance de 2024 deja una lección clara: el Perú debe trabajar en la consolidación de una política más transparente, una protección ambiental efectiva y una visión económica sustentada en el bienestar de todos. Con avances y desafíos intercalados, el país enfrenta 2025 con la posibilidad de convertir las experiencias vividas en oportunidades de cambio real y sostenido.