Los buenos deseos del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, serían eso: sólo buenos deseos. No existe una estrategia concertada del Estado, los sectores productivos y sociedad encaminada a detener esa – todavía vigente - ola antiminera que amenaza destruir el pilar principal de la economía nacional: la minería.
Los antimineros están tratando nuevamente de concentrar toda su artillería en el sur con el fin de impedir la construcción de la mina Tía María. El anuncio de Southern no les cayó bien. Y por más que se diga que los enemigos del aprovechamiento de los recursos minerales son cuatro galifardos – sinónimo de haraganes, vividores y sinvergüenzas –, existe una población indefensa y sometida a la presión que sobre ellos ejercen estos sujetos.
En el llamado corredor minero del sur (Apurímac, Arequipa y Cusco) el cobre es el principal producto de exportación. Ofrece divisas, canon, regalías, renta, tributos y financia proyectos relacionados con la educación, salud, medio ambiente y, entre otras, las actividades económicas ancestrales en las comunidades de influencia minera.
Por la minería, y también por las agroexportaciones, existe una nueva clase media rural que salió de la pobreza. ¿Por qué, entonces, existen dirigencias contrarias al desarrollo y progresos de la zona andina y del país? La respuesta es una: es el comunismo y su estrategia de empobrecimiento con el fin de dominar y apoderarse, de llegar al gobierno, de todos los recursos existentes.
Las ONG supuestamente ambientalistas están bien acomodadas en el sur. Curiosamente no se pronuncian contra la minería ilegal, la que contamina, esclaviza, no paga impuestos y es fuente de otras criminalidades que afectan gravemente a los poblados. Por el pernicioso discurso antiminero de las ONG se alienta la minería ilegal disfrazada de minería artesanal. No olvidar que las pretensiones de Gregorio Santos - exgobernador de Cajamarca, sentenciado por corrupción - eran formar rondas campesinas en pueblos y ciudades y, asimismo, establecer federaciones de mineros artesanales con el fin de apoderarse de las concesiones y denuncios de otros. Pedro Castillo, antes de la huelga de docentes del 2017, fue parte de esta estrategia, la misma planteada y digitada por el Movadef.
En el corredor del sur se cuenta cerca de 100 volquetes transportando minerales diariamente sin la protección debida. Contaminan y las ONG mudas con ellos pero activas contra todo lo que signifique minería legal. El doble estándar, cara o rasero de las ONG es evidente. Responden a un plan de destrucción social y económica del país. Los peruanos de bien están obligados a impedirlo.