El exministro de Economía, Luis Carranza, ha precisado que la postergación del proyecto Majes Siguas II genera una pérdida de 9 mil millones de soles anuales para Arequipa.
Considero que esa cifra es pequeña, evaluando las proyecciones sociales y económicas que siguen enterradas por los gravísimos incumplimientos de gobernantes que nadie sanciona.
En ocasiones los delitos de omisión resultan más graves que los de acción. En el proyecto Majes Siguas II la lista de traidores es frondosa. Como la legislación peruana no considera auditorías por resultados de gestión pública, los responsables nunca serán condenados.
Precisemos temas resaltantes del proyecto destinado a dar trabajo a 240 mil personas. El 9 de diciembre de 2010 el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), encomendó a la empresa COBRA la ejecución, en 6 años, de Majes Siguas II, que implica el transvase de aguas desde el río Apurímac hacia las pampas arequipeñas para irrigar 38,500 hectáreas.
Tiempo después, jueces de Cusco determinaron que un porcentaje de las aguas a transvasarse debían quedarse en Cusco, motivando que el Tribunal Constitucional intervenga y apoye parcialmente ese pedido. Incidente que propició el pedido de Cobra para incrementar el costo del proyecto en 104 millones de dólares, alegando el cambio de tecnología para recuperar el porcentaje de agua que debía quedarse en Cusco.
El monto adicional debía consignarse en la adenda 13, cuya aprobación demoró un lustro en los escritorios del GR, propiciando que Cobra resuelva unilateralmente el convenio, alegando 19 incumplimientos graves. El 16 de octubre de 2024, cuando el GR ya había trasladado responsabilidades al gobierno central, se inició el arbitraje CIADI ARB24/42, que al 13 de junio recién se precisaban las normas procesales.
En el arbitraje, Cobra pide de 400 a 1400 millones de dólares a Perú por daños derivados de los supuestos 19 incumplimientos del GR, más intereses y aspectos varios.
El proyecto debía ser realidad en el 2016. Ahora podría reiniciar su construcción si el presidente José Jerí se viste de estadista, transa el arbitraje con Cobra y dispone que un privado o un país como Japón tomen la posta y finalicen Majes Siguas II.
El pueblo sabe quiénes traicionaron Arequipa y enlodaron él proyecto que también impide la ejecución de los proyectos energéticos de Lluta y Lluclla, cuya inversión aprobada supera los 700 millones de dólares. La ausencia de dispositivos penales que encierren a los gobernantes que entorpecen proyectos públicos, sea por ignorancia, dolo, desidia o aspectos ideológicos, debe subsanarse prioritariamente. Hasta hoy, ningún candidato para el 2026 se ha pronunciado al respecto. Quizá los Colegios de Abogados se animen a levantar la mano.
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