El reciente Informe de Control Concurrente Nº 052-2025-OCI/0353-SCC de la Contraloría General de la República revela graves deficiencias en la obra de “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el puente vehicular y peatonal Ernesto Gunther”, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Arequipa bajo la gestión del actual alcalde. Lo que debía ser un proyecto emblemático para mejorar la movilidad en Jacobo Hunter se ha convertido en un espejo de la improvisación y la falta de rigor técnico que caracteriza a esta administración.
La inspección física realizada por la Contraloría constató la ausencia de elementos esenciales para la seguridad y durabilidad de la infraestructura: juntas de dilatación mal ejecutadas o inexistentes, barandas metálicas con altura inferior a la exigida, señalización vertical instalada fuera de norma, drenajes pluviales deficientes y buzones de desagüe con pendientes contrarias al flujo. Cada una de estas fallas no solo contraviene el expediente técnico aprobado, sino que compromete la operación y vida útil del puente, poniendo en riesgo a miles de ciudadanos que lo transitan diariamente.
El informe también evidencia retrasos, ampliaciones de plazo cuestionadas y un proceso de recepción de obra marcado por observaciones técnicas. En suma, un proyecto de más de dos millones de soles que no cumple con los estándares mínimos de calidad y que refleja la incapacidad de la autoridad edil para garantizar obras seguras y transparentes.
La ciudadanía merece respuestas claras. ¿Cómo se permitió que una obra de tal envergadura se entregue con deficiencias tan evidentes? ¿Dónde estuvo la supervisión política del alcalde frente a las advertencias técnicas? La gestión municipal no puede reducirse a inauguraciones apresuradas y discursos triunfalistas mientras la infraestructura muestra grietas desde el primer día.
El puente Gunther debía ser un símbolo de progreso; hoy es un recordatorio de que la improvisación y la falta de control político tienen consecuencias concretas. Arequipa necesita un alcalde que priorice la calidad y la seguridad de las obras públicas, no uno que se conforme con cortar cintas mientras la Contraloría advierte riesgos que afectan directamente a la población.
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