En las últimas semanas, tanto el Gobierno como el Congreso han presentado diversas propuestas para combatir la creciente inseguridad ciudadana que afecta al país. Estas iniciativas, aunque variadas en su enfoque, comparten un denominador común: la falta de acciones concretas. Desde la implementación de patrullajes mixtos pasando por la creación de nuevas unidades especializadas hasta prohibir circulación de motocicletas, las ideas parecen más orientadas a captar titulares que a resolver el problema de fondo.
El protagonismo político es evidente en cada anuncio. Los discursos cargados de promesas y las conferencias de prensa han ocupado más espacio que los debates técnicos necesarios para abordar la inseguridad. Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando robos, extorsiones y actos de violencia que no encuentran solución en las palabras vacías de los líderes políticos.
Para enfrentar este desafío, es crucial dejar de lado los intereses partidarios y priorizar el bienestar de la población. La inseguridad no distingue colores políticos, y su solución requiere un esfuerzo conjunto y coordinado. Es imperativo que las autoridades trabajen en equipo, dejando atrás las rivalidades y enfocándose en medidas efectivas y sostenibles.
Una de las claves para avanzar es el fortalecimiento de la labor de inteligencia. Identificar patrones delictivos, desarticular redes criminales y anticiparse a los actos de violencia son tareas que solo pueden lograrse con un sistema de inteligencia robusto y bien financiado. Sin este pilar fundamental, cualquier propuesta seguirá siendo solo eso: una idea más en el papel. Mientras tanto, nuestra población sigue golpeada por actos criminales.
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