El reciente anuncio del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, sobre medidas para restringir el acceso de personas trans a los baños femeninos en el Parlamento, ha desatado una intensa polémica. Más allá de la controversia puntual, este episodio refleja una discusión de fondo: ¿Cómo garantizar la convivencia y el respeto de derechos en espacios compartidos? Mientras algunos sostienen que debe primar el criterio biológico en la designación de baños porque se pone en riesgo a las mujeres, otros defienden el reconocimiento de la identidad de género como un derecho fundamental.
Sin embargo, lo que resulta más llamativo es cómo este tema ha captado la atención y el tiempo de debate del Congreso, mientras asuntos de mayor gravedad parecen ser ignorados. En la Comisión de Salud, por ejemplo, varios congresistas abandonaron la sesión del 1 de abril justo antes de escuchar el testimonio de los padres de la paciente cero afectada por el lote defectuoso de suero fisiológico. Su hija, una joven arquitecta, está con muerte cerebral, y su familia clama por respuestas. ¿Por qué no hubo la misma indignación y urgencia para abordar esta crisis sanitaria que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos?
El Congreso, como institución, tiene la responsabilidad de atender los problemas del país con seriedad y prioridad. Si bien es válido discutir normas de convivencia en baños, resulta preocupante que se dedique tanto esfuerzo a este asunto mientras se desatienden tragedias humanas como la ocurrida en el sector salud. La confianza en las instituciones se socava cuando los legisladores parecen más preocupados por regular quién usa qué baño que por exigir rendición de cuentas sobre fallas que cuestan vidas.
Si la indignación y el debate político se centran en baños en lugar de problemas de salud pública urgentes, es válido preguntarse si las prioridades de los congresistas están realmente en el lugar correcto.
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