A una semana de iniciada este nuevo periodo de crisis social y política, nuestro país ha dejado de ser una república democrática para convertirse, como bien lo ironiza Andrés Edery en una de sus geniales caricaturas, en una pornocracia: un régimen donde el poder se ejerce sin pudor, sin ética y sin respeto por la voluntad popular. El ascenso de José Jerí a la presidencia interina, tras la vacancia de Boluarte, ha desatado la justificada indignación ciudadana. No solo por la forma en que se ha vulnerado la institucionalidad, sino también por el perfil del presidente encargado: un acusado de violación sexual, desbalance patrimonial y presuntos actos de corrupción. ¿Cómo puede liderar un gobierno de “transición y reconciliación nacional” alguien que representa, en sí mismo, el oportunismo político y la negación de la ética pública?
Pero lo más grave de esta situación contranatura es que, con o sin intención, el Congreso ha perpetrado un golpe de Estado institucional. Amparados en una interpretación abusiva de la Constitución, esa misma que dicen defender a capa y espada, los 130 parlamentarios han reemplazado la voluntad popular de millones de peruanos por sus propios intereses políticos y electorales. El presidencialismo, que históricamente ha caracterizado nuestra forma de gobierno, ha sido desmantelado. En su lugar, se ha instaurado un parlamentarismo de facto, donde el Ejecutivo se ha convertido en una figura decorativa, subordinada a los caprichos de una mayoría parlamentaria cuestionada y desacreditada por la población. Este quiebre no es solo jurídico, es principalmente político y social. En el 2021 elegimos a nuestras autoridades mediante el voto directo, esperando representación, estabilidad y respeto. Pero hoy, esa voluntad ha sido sustituida por cálculos partidarios, pactos políticos y maniobras legislativas que desfiguran el espíritu democrático. Los congresistas, lejos de actuar como garantes del orden constitucional, se han erigido como salvadores autoproclamados, arrogándose una autoridad moral que no poseen y un poder político que no les corresponde.
La respuesta ciudadana no se hizo esperar: miles de ciudadanos y ciudadanas han salido a protestar, exigiendo respeto a la democracia. Lamentablemente, un joven ha fallecido en estas manifestaciones. Sin embargo, las marchas y protestas seguirán, porque este abuso no puede ni debe quedar impune. Pero más allá de la indignación legítima, es imprescindible que esta violación a la legalidad y legitimidad sea sancionada en las urnas. Las próximas elecciones generales deben convertirse en un acto de memoria colectiva, en una oportunidad para recuperar el rumbo democrático y castigar, con el voto, a los partidos políticos que traicionaron la confianza del pueblo. La decisión está en nuestras manos.
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