En cada gobierno, Petroperú aparece como un moribundo al que hay que volver a salvar. Y cada salvataje cuesta más que el anterior. Entre préstamos, garantías y capitalizaciones, el Estado peruano ha destinado más de $10 000 millones para mantenerla viva desde 2011. Y sin embargo, el paciente sigue en cuidados intensivos.
Durante el mandato de Humala, se aprobó la modernización de Talara por $5000 millones. Lo que debía ser una inversión para el futuro se convirtió en una trampa de deuda.
Cada presidente —Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, Castillo, Boluarte— heredó una empresa más endeudada, menos rentable y más dependiente. Hoy, Petroperú no solo pierde dinero (S/5000 millones en 2023), sino que apenas produce el 5 % del crudo que necesita el país y abastece solo el 30 % del mercado nacional.
En 2024, Petroperú pidió un nuevo rescate de S/4000 millones, además de garantías por $2000 millones y facilidades para endeudarse aún más. En 2025, sus demandas son más discretas, pero igual de pesadas: reprogramar el pago de sus deudas con el Estado, mantener las líneas de crédito con aval público, y no tener que pagar sus impuestos ahora mismo. No pide más plata, pero sí más tiempo. Como si eso bastara.
El MEF ya ha dicho que no habrá un centavo más sin reformas. Ha planteado medidas de austeridad, reestructuración interna, venta de activos no estratégicos y un eventual ingreso de capital privado. Pero nadie quiere decirlo en voz alta: Petroperú se ha vuelto insostenible. ¿Puede un país seguir subsidiando eternamente una empresa que no puede competir, que pierde plata, que depende de préstamos que no puede pagar?
Los riesgos están sobre la mesa. Si el Estado no la apoya, podría quebrar, y eso significaría desempleo masivo, pérdida de capacidad refinadora y dependencia total de importadores. Si el Estado la sigue rescatando, el riesgo fiscal se dispara, con impacto en la calificación crediticia del país. Y si se opta por privatizar parcial o totalmente, estallarán los sindicatos y los políticos seudonacionalistas.
El Perú tiene que decidir: ¿quiere seguir sosteniendo una empresa que no se sostiene sola? ¿O quiere reformarla, aun si eso implica sacrificar ideologías y pelear con intereses enquistados?
Petroperú no es solo un problema contable. Es un símbolo: de cómo el Estado malgasta recursos, de cómo se posterga la solución real por miedo al costo político. Y como en toda tragedia repetida, el desenlace no será distinto si se sigue haciendo lo mismo.
Esta vez, el futuro no se juega en Talara, sino en el MEF. Y el reloj ya corre.
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