Como presagio de aquella reunión en un chifa, coincidió que el martes 17 de febrero inició el Año Nuevo chino y, ese mismo día, el Congreso censuró y destituyó al presidente interino, José Jerí, sumando un nuevo capítulo a la inestabilidad política que arrastra el país desde hace una década. Siete jefes de Estado en diez años no es una simple estadística: es un síntoma profundo de descomposición institucional.
La votación se produjo tras varias horas de debate y en medio de investigaciones fiscales por presuntas contrataciones irregulares y posibles actos de influencia indebida. Jerí negó haber cometido delitos, pero el clima político ya estaba en su contra. A las sospechas por nombramientos de funcionarias se sumaron cuestionamientos por reuniones privadas con empresarios y por la forma en que ejerció el poder durante un mandato que debía ser estrictamente de transición.
Más allá de la responsabilidad individual, la destitución ocurre en un contexto electoral altamente fragmentado, con más de 30 candidatos en carrera. El Congreso actuó con rapidez, y no faltan quienes interpretan que el cálculo político pesó tanto como los argumentos legales.
En el Perú actual, la línea entre control político y pugna electoral es cada vez más delgada.
El problema inmediato es que el país vuelve a quedar en una situación de incertidumbre. Para que el presidente del Congreso asuma la jefatura del Estado, primero debe elegirse una nueva mesa directiva. Al cierre del plazo se presentaron cuatro candidaturas: María del Carmen Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia), Edgar Raymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar (Perú Libre). De esa elección dependerá quién asuma la Presidencia en reemplazo de Jerí.
El Perú no merece este ciclo permanente de crisis. Mientras la clase política redefine equilibrios internos, el país enfrenta extorsiones, violencia y un desgaste económico que no admite pausas. La ciudadanía observa cómo el poder se convierte en un juego de reemplazos constantes, donde la estabilidad parece una excepción.
Urge elegir autoridades limpias, con trayectoria clara y sin sombras. No basta con sobrevivir políticamente unos meses; se necesita reconstruir confianza. Cada destitución debilita un poco más la credibilidad del sistema. El reto ya no es solo elegir a quien complete el mandato, sino empezar a romper el patrón de caos que ha convertido la transición en norma y la gobernabilidad en rareza.
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