La promulgación de la Ley N.° 32446 marca un punto de quiebre en la política criminal del país. Al incorporar al Código Penal el delito de criminalidad sistemática, se abre la puerta a sancionar con cadena perpetua a quienes, mediante armas de fuego, explosivos o similares, cometan secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado generando terror en la población. La norma llega en un momento en que la violencia criminal es la principal preocupación ciudadana.
Los defensores de la norma sostienen que la nueva figura penal permitirá enfrentar de manera más firme el accionar de organizaciones que han sembrado miedo en regiones como La Libertad, donde atentados recientes con dinamita evidencian el poder del crimen organizado. El propio legislador Diego Bazán argumentó que esta norma llena un vacío legal en la tipificación de delitos que hoy desbordan a la justicia.
No obstante, la norma también despierta reparos. La congresista Gladys Echaíz señaló que el verdadero obstáculo está en las limitaciones de investigación policial: plazos cortos, recursos escasos y trabas para levantar comunicaciones. Por su parte, Ruth Luque advirtió el riesgo de un “populismo penal”, al criticar expresiones ambiguas como “otros de similar características”, que podrían abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias y vulneraciones de derechos.
En este contexto, la gran pregunta es si el endurecimiento de penas realmente desincentivará a los criminales o si se trata de un gesto político frente al miedo social. La experiencia internacional demuestra que las penas severas sin una justicia eficiente suelen ser poco efectivas. El desafío, entonces, no radica solo en aprobar leyes más duras, sino en fortalecer la capacidad investigativa de la Policía y del Ministerio Público. De lo contrario, la Ley 32446 podría quedarse como un símbolo de mano dura más que como una herramienta real contra la criminalidad sistemática.
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