La política se construye con dinero. Y si ese dinero proviene de los ciudadanos, como ocurre con el financiamiento público a los partidos, no puede ser utilizado para beneficiar a quienes cargan condenas judiciales. Esa es la línea que acaba de trazar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al modificar el reglamento que regula el financiamiento partidario.
Desde ahora, los partidos no podrán contratar, con fondos públicos, a directivos, representantes, afiliados o no afiliados que tengan sentencia consentida o ejecutoriada por delitos relacionados con el financiamiento político, ni por haber mentido sobre aportes, ingresos y gastos. La medida se suma a otras restricciones ya existentes: antes se prohibía destinar dinero público a personal permanente, o a personas con condena firme o prisión preventiva por delitos como corrupción, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado.
El cambio no es menor. Significa que, poco a poco, se cierran las rendijas por donde se colaba la impunidad. Además, las organizaciones políticas tampoco podrán contratar empresas para actividades de formación o difusión cuando estas tengan vínculos con sus propios directivos.
En palabras simples: se corta el círculo de favores disfrazados de capacitaciones.
¿Importa esta modificación? Sí, y mucho. Porque la política, tantas veces percibida como lejana y corrupta, empieza a transformarse desde estos ajustes técnicos que evitan el desvío de recursos. Cada sol público ahorrado en privilegios indebidos es un paso hacia una democracia más limpia.
La pregunta que queda es otra: ¿serán suficientes estas reglas si los partidos no cambian su cultura interna? Las normas son un muro contra los abusos, pero solo una ciudadanía vigilante puede evitar que los políticos encuentren nuevas grietas. La transparencia debe ser un compromiso colectivo.
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