La ciudad de Lima vive una escalada de violencia que preocupa a vecinos, empresarios y trabajadores del transporte. En los últimos meses, los ataques perpetrados por sicarios contra transportistas se han convertido en una constante.
Los atentados, muchos de ellos con armas de fuego, ocurren en plena vía pública y a plena luz del día. Las víctimas suelen ser choferes de buses, taxis o vehículos de carga que se niegan a pagar cupos extorsivos. Según reportes policiales, bandas criminales operan en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y El Agustino, sembrando el terror entre quienes solo buscan ganarse la vida.
A pesar de las reiteradas denuncias, la respuesta estatal ha sido insuficiente. Los operativos son esporádicos y no logran desarticular las redes delictivas que controlan rutas y zonas estratégicas. La ciudadanía exige acciones concretas, como patrullajes permanentes, inteligencia policial y protección efectiva para los gremios vulnerables. Similar panorama se vive en el resto del país con diversos ataques provenientes de la criminalidad y sin respuesta suficiente de las autoridades.
Desde este espacio, hacemos un llamado urgente al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y a los gobiernos locales para que prioricen esta crisis. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo una promesa postergada. Cada ataque que no se investiga, cada sicario que no se captura, es una herida abierta en la confianza de los limeños. La lucha contra la criminalidad debe ser firme, coordinada y sostenida. Lima y el resto del país no pueden seguir siendo rehén del miedo. Ello solo genera un mensaje negativo para el crecimiento de la sociedad.
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